Lograr la conservación del 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos para 2030 requiere reconocer los derechos de las comunidades y los Pueblos Indígenas

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08 diciembre 2022


  • Plantea evento paralelo en la Convención sobre la Diversidad Biológica un proceso inclusivo y basado en derechos para lograr la meta 3 

MONTREAL, Canadá.- La meta 3 del Marco Global de Biodiversidad, enfocada en conservar el 30% de la tierra, el agua dulce y los océanos para 2030, representa una oportunidad para conservar la naturaleza reconociendo el derecho de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales a dar su consentimiento previo, libre e informado, contemplando todos los tipos de gobernanza, e incorporando mecanismos de conservación adicionales a las áreas protegidas, dijo Jennifer Corpuz, representante del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad.
 
Al participar en el evento paralelo “Implementación inclusiva y efectiva de la meta 3: lecciones aprendidas” en la quinceava Conferencia de las partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD-COP15), Corpuz explicó que lograr esta meta es en igual proporción un riesgo si se no se implementa en un marco de respeto a los derechos humanos de quienes viven en los sitios a conservar y por ello es necesario diseñar participativamente estos esquemas y dar acceso a sus habitantes a financiamientos directos.
 
Liderada por Lucía Ruiz, Coordinadora de Biodiversidad y Financiamiento de WWF México y líder de Áreas Protegidas y Conservadas en WWF Internacional, el evento también contó con la participación de Hanna Fairbank, Especialista en Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés); Sakhile Silitshena Koketso, del Secretariado de la CDB; Víctor Lagos, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Chile; Glenda Ortega, Subsecretaria de Patrimonio Natural en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador y Camila Zepeda, Directora General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
 
De igual forma participaron Timoteus Mufeti, Comisionado Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Turismo (MEFT) de Namibia; Megh Nath Kafle, Secretaria Adjunta del Ministerio de Bosques y Medio Ambiente y Jefa de la División de Medio Ambiente y Biodiversidad de Nepal; y Patience Gandiwa, Directora de Cooperación Internacional, Autoridad de Manejo de Vida Silvestre y Parques de Zimbabwe, así como representantes de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y la organización Conservation Strategy Fund.
 
“Estamos construyendo un mapa de ruta para que todos los involucradas en la conservación de la naturaleza puedan ser partícipes de un proceso inclusivo, basado en derechos y que asegure el fortalecimiento de las capacidades para atender los elementos cualitativos de la meta, incluyendo la representatividad de ecosistemas, la conectividad, el manejo efectivo y la gobernanza equitativa”, subrayó Ruiz.
 
Sakhile Silitshena Koketso, del Secretariado de la CBD, anunció que justamente la Convención trabaja en un plan para desarrollar capacidades y dar asistencia técnica a distintos sectores por medio de talleres regionales, y en la creación de alianzas que permitan el manejo efectivo de las áreas protegidas.
 
Por su parte Víctor Lagos, de CONAF, señaló que la Meta 3 debe cumplirse tanto cuantitativa como cualitativamente, e incluir aspectos sociales y económicos si se busca lograr eficiencia y equidad. “Esperamos que sea ratificada en la CBD por ser clave en la conservación de la naturaleza”, enfatizó.
 
A su vez, Glenda Ortega, Subsecretaria de Patrimonio Natural en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, dijo que en los últimos 18 meses su país incrementó a 42% la superficie bajo áreas protegidas, al crear 12 nuevas y expandir otras, pasando de 18 millones a 26 millones de hectáreas bajo conservación, con base en el principio de coexistencia entre los seres humanos y la naturaleza. Agregó que ha sido clave la coordinación con otros ministerios, el sector productivo y los habitantes del territorio, así como la incorporación del Comité de Delitos Ambientales para controlar actos ilícitos.
 
Camila Zepeda, de la SRE México, señaló que para asegurar procesos participativos las alianzas son fundamentales, al igual que la creación de consejos asesores que permitan consultas estratégicas con sectores clave, incluyendo Pueblos Indígenas, mujeres, jóvenes, y otros sectores. “Debemos abrir la discusión a otros grupos para atender temas vulnerables, como la naturaleza”, resaltó.
 
Por último, Scott Edwards planteó que lograr la conservación y la restauración del 30% de las tierras, el agua dulce y los océanos requiere una inversión significativa de los sectores público y privado, proteger las áreas prioritarias para las especies y los ecosistemas, distribuir los beneficios de la naturaleza de forma justa y equitativa e internalizar esta meta por parte de todos los involucrados.