Urgen ONGs a aprobar Ley de Cambio Climático antes de COP16
Posted on noviembre, 16 2010
- A dos semanas de que dé inicio la Cumbre Mundial de Cambio Climático (COP16) en Cancún, Quintana Roo, presidida por México este año, organizaciones de la sociedad civil urgieron a los legisladores a aprobar una Ley de Cambio Climático que establezca la base para dar atención al problema de manera integral, transversal y de largo plazo, y que fortalezca el marco legal existente, incluyendo la perspectiva de cambio climático en el resto de los ordenamientos jurídicos.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Heinrich Böll Stiftung señalaron que el texto que se apruebe en el Congreso de la Unión, tras la discusión de las iniciativas y planteamientos que se analizan actualmente, debe generar un marco legal ambicioso, integral y progresista que dé pie al desarrollo de una arquitectura nacional para la generación de capacidades sectoriales que permitan avanzar hacia una economía baja en carbono, la transición energética y la reducción de la grave vulnerabilidad en el país y que contemple elementos fundamentales como:
a) La transversalidad y la concurrencia para trabajar el tema en un largo plazo, incluyendo mayores derechos y obligaciones a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático; el establecimiento obligatorio de un Programa de Cambio Climático transexenal. Hasta el momento, las herramientas de política pública desarrolladas para atender este problema son limitadas en tiempo, recursos y capacidades. Prueba de ello es el Programa Especial de Cambio Climático que concluye en el 2012 sin garantizar mecanismos de seguimiento a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
b) La asignación de un presupuesto anual etiquetado para el tratamiento del cambio climático; el mandato para que haya un trabajo integral entre el gobierno federal, el poder legislativo, los estados, el sector privado, la academia y la sociedad civil.
c) Líneas claras para tratar el tema de la mitigación en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura, bajo principios y metas ambiciosas de corto, mediano y largo plazo.
d) Medidas de adaptación que se caractericen por: promover el fortalecimiento de capacidades de estados y municipios para desarrollar estrategias locales de adaptación; por su enfoque intersectorial; por garantizar la reducción de desigualdades como medida concreta para hacer frente al fenómeno; y por garantizar la seguridad alimentaria desde el fortalecimiento del campo con perspectiva de género.
Sandra Guzmán, Coordinadora del Programa Aire y Energía del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que “nuestro objetivo no es pronunciarnos a favor de alguna propuesta en concreto, sino hacer un llamado al legislativo para que exista la voluntad política y el consenso necesario entre los diferentes partidos para aprobar un marco legal que permita enfrentar el problema del cambio climático con una perspectiva integral, transversal, interinstitucional y de largo plazo. El legislativo tiene en sus manos el poder de crear una legislación para atender el problema y dejar de lado las diferencias políticas, pues de sus acuerdos depende ahora nuestro futuro”.
Asimismo, el marco legal para cambio climático debe incluir como elementos mínimos:
- Metas a mediano y largo plazo acordes con los compromisos internacionales de México, y metas sectoriales que sustenten y den operatividad y transversalidad a esos compromisos.
- Alineación de políticas públicas, especialmente en materia agrícola y forestal y en materia energética, hídrica y ambiental.
- Frenar la deforestación neta de México a través de estrategias que aseguren beneficios sociales y de integridad ambiental y sus mediciones.
- Privilegiar la infraestructura natural en la adaptación y el reconocimiento de la contribución de los ecosistemas y el agua dulce en reducir la vulnerabilidad de las personas y las especies al cambio climático.
- La eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles e incentivos para fomentar la eficiencia energética y el uso responsable de energías renovables.
- Promoción de transporte limpio y eficiente, privilegiando al transporte público sobre el privado y normando la eficiencia de vehículos automotores.
- La creación de un fondo con presupuesto necesario asignado y reglas claras para atraer recursos, con enfoque en zonas de alto riesgo y acciones para restaurar el capital natural de México.
- Esquemas claros de cumplimiento y de transparencia.
Vanessa Pérez-Cirera, Directora del Programa de Cambio Climático de WWF, señaló que “es estratégico que México apruebe una ley de cambio climático antes de que inicie la COP16. Ello daría sustento a sus compromisos internacionales y pondría al país en una ventaja competitiva versus otros países en el acceso a fuentes de financiamiento internacionales, que coadyuven a la transición que México necesita. Hay ya muy buenas propuestas sobre la mesa por parte del legislativo. Con la suficiente voluntad política, no deberíamos esperar más”.
En tanto, Ingrid Spiller, Representante en México de Heinrich Böll Stiftung, apuntó que “la forma más segura y óptima para garantizar recursos suficientes, adicionales, efectivos y adecuadamente direccionados para hacer frente al cambio climático es por medio de una Ley en la materia”. Añadió que “el problema del cambio climático es tan grande y complejo, que esta Ley tendrá que garantizar tres aspectos básicos: la arquitectura adecuada de la política pública nacional, el financiamiento suficiente y efectivamente direccionado a atender las necesidades más urgentes de adaptación y mitigación; y mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de las acciones de manera sectorial, conforme a los objetivos propuestos en la Ley, de tal suerte que se tenga claridad en responsabilidades y se blinden los esfuerzos frente a la impunidad”.
La posición geográfica, condiciones climatológicas, red hidrológica y topografía hacen que México sea particularmente vulnerable al cambio climático. El 70% de la población y del territorio nacional, sus especies y ecosistemas son susceptibles a serios impactos del cambio climático, en particular las poblaciones de más bajos ingresos y los ecosistemas más frágiles. Lo anterior y nuestro crecimiento acelerado en emisiones hacen imprescindible que nuestro país cuente con una legislación que dé mayor certidumbre y claridad sobre el futuro que desea y la forma de enfrentar este reto sin precedentes.
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